LA DIRECTIVA DE LA VERGUENZA.....

Catarata de denuncias y críticas contra "la directiva de la vergüenza" de la UE
"Xenófoba", "desastrosa", "hipócrita", "bárbara" o "brutal" son algunos de los términos empleados por instituciones y organizaciones mundiales, como la ONU y las ONGs, para calificar la última medida aprobada por el Parlamento europeo, con el "increíble" apoyo del PSOE español

AGENCIAS.-

Instituciones oficiales, ONGs, asociaciones de inmigrantes y demás colectivos en favor de los derechos humanos han desatado una oleada de críticas contra la denominada "directiva de la vergüenza", aprobada por la UE y que incluye la retención por hasta 18 meses de un inmigrante sin documentación y la expulsión a terceros países de los menores. Más ha extrañado que haya el Partido Socialista Europeo y el PSOE español los que hayan apoyado de manera decidida esta propuesta que va contra los derechos humanos.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, criticó la decisión recién adoptada por el Parlamento Europeo que permitirá detener a los inmigrantes ilegales hasta un año y medio antes de deportarlos, y autorizará la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estancia. Arbour urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europea a entender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de las personas en situación de irregularidad. Asimismo, afirmó que hace falta considerar estos casos en el marco económico en que se producen y destacó la falta de entendimiento de las razones que difieren de las violaciones de los derechos civiles y políticos, y que también obligan a la gente a desplazarse.

La Alta Comisionada señaló que las sociedades están bien preparadas para acoger a las personas "que se desplazan por el atropello de sus garantías civiles y políticas", lo que demuestra una falta de equilibrio en la percepción de los derechos humanos, informa el centro de noticias de la ONU. "La gente que se desplaza sin ser perseguida por su Gobierno por razones políticas, sino porque tiene hambre o huye de una epidemia, es decir, la que está en peligro en los terrenos económico y social, nos interesa mucho menos", sostuvo. En este sentido, consideró que el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos, los civiles y políticos, y los económicos y sociales. Al cumplirse 60 años de esta Declaración, continuó Arbour, es necesario reagrupar estos derechos y darles la misma protección a quienes huyen por persecuciones políticas o religiosas y a quienes tratan de escapar de una pobreza extrema, del hambre o de las enfermedades.Los países iberoamericanos censuraron de forma unánime la norma de repatriación aprobada por el Parlamento europeo, y la calificó como la "directiva de la vergüenza" porque "viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales", según informaron medios bolivarianos recogidos por Europa Press. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que "es una vergüenza lo que ha hecho Europa", en referencia al proyecto aprobado ayer en la Eurocámara que prevé, entre otras medidas, retener a los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales.

"¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país?. ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?", se preguntó el mandatario ecuatoriano. La norma, que recibió el visto bueno de los Gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial. Hace algunos días, el presidente boliviano, Evo Morales, bautizó el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos como respuesta a la medida aprobada. El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que se estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla "de manera legal".

Por su parte, el senado de Uruguay también rechazó la norma, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los Parlamentos y Gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del Derecho Internacional". El documento del Senado uruguayo subraya que la decisión europea "constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho de libre circulación internacional". Dicho informe agrega que es "una flagrante incongruencia de la UE, que nutrió de inmigrantes a Latinoamérica y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo" de los mismos.

"EMIGRAR NO ES UN DELITO" Además, la Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresa "su decepción por la medida", que considera una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica". El Gobierno paraguayo consideró que la norma "cuestiona los derechos fundamentales consagrados por el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" e insistió en su intención de recurrir a diversas instancias internacionales.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

El Gobierno de Argentina recordó que emigrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva de la UE en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal". Asimismo, expresó que establecer "restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación, constituye una violación de los Derechos Humanos fundamentales".

Las Madres de la Plaza de Mayo pidieron por su parte a la UE que reconsidere las "salvajes" y "discriminatorias" medidas aprobadas.El Gobierno de Argentina recordó que emigrar "no es un delito", al lamentar los términos de la directiva. "El Gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito. Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal", dijo la Cancillería en un comunicado.En la nota, el Ejecutivo que preside Cristina Fernández reafirmó que la cuestión migratoria "solo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano".La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y varias ONG latinoamericanas consideraron un "desastre" la aprobación de la directiva de retorno de inmigrantes irregulares en el Parlamento Europeo (PE)."Es una verdadera declaración de guerra contra los migrantes ya que es la exclusión legalizada. Es un escándalo", dijo en una rueda de prensa en la capital mexicana la presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassan."Conocemos hoy el desastre del voto del PE, que por una gran mayoría aprobó la directiva de la Unión Europea (UE) sobre las migraciones", lamentó la activista al término del seminario "Por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en las Américas", que duró dos días.

Belhassan deploró que la Eurocámara hiciera caso omiso de una declaración de la FIDH, que ayer pidió que rechazaran la directiva en la formulación en que se presentó, porque ello contribuía a "emitir un mensaje de criminalización de los inmigrantes".En consonancia con ella, Adrián Ramírez, portavoz de la Liga Mexicana por la Defensa los Derechos Humanos (LMDH), dijo que la directiva representaba "un gran retroceso para los derechos humanos en el mundo".

"La dimensión es catastrófica", agregó Ramírez, quien considera que la directiva da la excusa para que EE.UU. y Canadá refuercen "las políticas de criminalización de los flujos migratorios".Para el activista la medida "es una grave señal" porque condena a millones de personas a vivir "en condiciones de infrasubsistencia".En la misma rueda de prensa el argentino Juan Carlos Capurro, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), consideró una "vergüenza" el voto de los euro parlamentarios y dijo que representaba una "regresión histórica" en materia de inmigración y derechos humanos.Dijo que, ante una medida "antidemocrática", los Gobiernos latinoamericanos tienen ahora "una herramienta extraordinaria en poder rediscutir, demandar y plantear" a la UE "en qué condiciones pretenden tener sus negocios en América Latina", donde cuentan con una amplia inversión y con importantes empresas privatizadas.

Por su parte Karina Arias, representante de Sin Fronteras, reconoció que la directiva tendrá un amplio impacto en Latinoamérica, sobre todo en países del Cono Sur.Asimismo llamó la atención sobre las medidas contra los menores no acompañados, que pueden ser devueltos a instituciones de sus países si no hay familiares suyos, en una coyuntura de más inmigrantes jóvenes, especialmente de Centroamérica.

Finalmente el especialista en migración, Javier de Lucas, director del Colegio de España de París, quien participó en el seminario, consideró poco viable que los países latinoamericanos logren hacer un frente común contra la directiva, como ha sugerido el presidente de Ecuador, Rafael Correa."Las características de los países, los juegos de intereses y de dependencias con la UE son extraordinariamente distintos", concluyó.Al término del seminario la FIDH anunció que a fines de este año comenzará a impulsar una campaña mundial de sensibilización en torno a los derechos de los inmigrantes en la que, entre otros aspectos, se invitará a los países más avanzados a entender el desarrollo como un derecho humano. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dicho que con la nueva directiva el Parlamento europeo "ha perdido la vergüenza". Chamizo, que ha participado en unas jornadas sobre Defensores del Pueblo en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén), ha insistido en que "cuando se aprueba una cosa tan dura como la aprobada es que ese Parlamento tendrá que revisarse a sí mismo, porque ha olvidado la legislación internacional".En este sentido, se ha preguntado "cómo se puede expulsar a un menor inmigrante no acompañado cuando la convención sobre derechos del niño dice todo lo contrario".Asimismo, ha dicho que lo que ha aprobado el Parlamento Europeo "debe ser un motivo de preocupación".Chamizo comprende que los flujos migratorios "se controlen, pero tener una persona 18 meses encerrada por haber cometido solo un delito administrativo, que lo cometemos todos los días los demás, me parece muy fuerte y tendrían que repensárselo".

En su opinión, los eurodiputados que han votado a favor se tienen que plantear si están a favor de los derechos humanos o en contra. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, señala que tras aprobarse en el Parlamento europeo la directiva de retorno de los inmigrantes irregulares con el respaldo del PSOE, entre otros, al Gobierno le separan del PP "sólo diferencias estéticas".El líder de la federación, por medio de un comunicado de prensa, manifiesta que el contrato de integración que proponen los populares es "un juego de niños" al lado de la citada directiva, que amplía el plazo de retención de los inmigrantes sin papeles y endurece las condiciones de regreso a Europa de los extranjeros deportados, entre otros aspectos.La norma, a juicio del líder de IU, es un recorte a los derechos humanos y "pone en cuarentena la política de inmigración que pueda seguir" el ministro del ramo en España, Celestino Corbacho.El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es "hipócrita", señala Llamazares, para quien, además, practica un "populismo desvergonzado" para crear una "cortina de humo" que tape "el imparable crecimiento del paro". La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) advirtió, respecto a la directiva europea, de que las políticas restrictivas hacia los emigrantes económicos y hacia las personas que huyen de la violencia en sus países "sólo causan más muerte y sufrimiento". Las políticas restrictivas hacia los emigrantes y solicitantes de asilo tienden a empeorar "las consecuencias médico-sanitarias para las poblaciones que sufren", declaró el responsable de la Unidad de Emergencias de MSF-España, David Noguera, durante una rueda de prensa en la sede de la organización en Madrid. En este sentido, advirtió de que tanto la emigración económica como los flujos de población "específicamente relacionados" con la violencia requieren de alternativas que "no pueden ser de bloqueo, porque sólo causan más muerte y sufrimiento". "Las sociedades que se etiquetan como modernas, civilizadas, garantes de los Derechos Humanos y de esas cosas que tanto nos alegran los oídos, deben ser más coherentes", prosiguió. Por ello, Noguera advirtió de que la nueva norma europea vulnera "valores fundamentales de los que muchos Estados europeos son firmantes y, en muchos casos, garantes".

El apartado más polémico de la nueva directiva europea es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que esta norma vulnera los Derechos Humanos de los inmigrantes. Hasta el lehendakari, Juan José Ibarretxe, consideró "una barbaridad" la directiva comunitaria porque "es tratar a las personas como al ganado o como se trataba a las personas en el siglo XIV". En una entrevista concedida a la Cadena SER, Ibarretxe lamentó que se haya "inventado esa nueva forma de ser persona, que es la persona sin papeles", y señaló que los vascos "tienen que levantar la mano cuando ocurren este tipo de cosas y decir 'esto no puede ser, no se puede tratar a la gente como al ganado, ni se pueden plantear estos debates involucionistas en torno a la semana de las 65 horas". "Pero, ¿a dónde vamos en Europa, hablando de cerrar puertas, de construir muros para que no entre la gente que tiene derecho, igual que nosotros, a vivir?", se preguntó. En esta línea, se refirió como "conjunto de disparates" a la directiva sobre inmigrantes y "volver a plantearse el debate en torno a la semana laboral de 65 horas". "¿Queremos construir Europa o destruir completamente la idea social y política de la unión Europea?. Lo digo como una persona que participa del sueño europeo", concluyó.

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