REVUELTA EN EL AMAZONAS....

Un grupo de indígenas bloquea la carretera de entrada a la ciudad de Yurimaguas, en la región amazónica del norte de Perú.- REUTERS

El grito indígena retumba en Perú
El Gobierno de Alan García se ve forzado a cambiar su estrategia de desarrollo
JAIME CORDERO - Lima - 14/06/2009

La selva, la región más grande y menos poblada de Perú, ha generado el estallido social más serio de los últimos años en el país. Las protestas de las comunidades nativas de la Amazonia contra un paquete de 10 decretos legislativos dictados por el Gobierno de Alan García han dejado hasta ahora 23 policías y 10 civiles muertos, según las cifras del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo.

Las tribus amazónicas son el 1% de la población, 300.000 personas
Los nativos y varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra es mayor y protestan porque no se ha permitido el libre acceso a las zonas donde se produjeron los enfrentamientos. "El grado de desinformación que se maneja alimenta la sospecha de que hay un número mayor de víctimas", señaló Javier la Rosa, de la ONG Instituto de Defensa Legal.

Han pasado más de dos meses desde el 9 de abril, fecha en que se inició la protesta y hasta ahora varias carreteras y ríos siguen bloqueados, al igual que las operaciones en las instalaciones petrolíferas y gasíferas. Fue justamente durante el intento de la policía el 5 de junio de romper uno de los bloqueos en las inmediaciones de la ciudad de Bagua que la sangre llegó al río.

Horas después de este enfrentamiento con armas de fuego, los nativos tomaron revancha y mataron a nueve policías que estaban retenidos en una estación del oleoducto norperuano, en la localidad de Imacita. El Gobierno mostró imágenes de los cadáveres y aseguró que los policías habían sido degollados.

Tras esos episodios de violencia el levantamiento prosiguió y se extendió a otras ciudades, incluso la capital, que el jueves vivió una jornada de protesta que incluyó una marcha en la que participaron miles de personas y que fue disuelta por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos.

El Gobierno ha calificado de "extremistas" a los líderes de la protesta, y el presidente Alan García ha declarado en varias ocasiones que quienes se oponen a los decretos no los han leído y desconocen sus alcances. "Un 80% de la población respalda la democracia, la legalidad y el desarrollo", declaró esta semana el presidente García, que repetidas veces se mostró decidido a no ceder.

Pese a eso, y a sugerir constantemente que hay intereses extranjeros detrás del levantamiento, el Gobierno finalmente parece dispuesto a negociar con los indígenas y ha anunciado la formación de una comisión en la que participarán los representantes de los pueblos nativos.

Aunque en un principio el primer ministro peruano, Yehude Simón, señaló que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la más beligerante, no participaría en la nueva comisión porque su presidente (Alberto Pizango) "ha pateado el tablero", el viernes rectificó. Simón aclaró que ésta también estaba invitada a participar.

Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho, afirma que, como consecuencia de este conflicto, el Gobierno deberá "modificar su agenda" respecto a la Amazonia. "La causa esencial de la violencia y el temor es que (los nativos) todavía no han encontrado en el Estado los instrumentos, la legislación, las instituciones capaces de pasar de esta situación de fragilidad a una mayor seguridad jurídica sobre sus tierras. Ellos sienten que sus derechos son muy débiles, y efectivamente lo son", argumenta.

Más al fondo aún subyace un problema de incomprensión hacia los pueblos amazónicos, que en realidad son varios centenares de culturas distintas entre sí, que en total suman alrededor de 300.000 personas, un 1% de la población peruana. Para los pueblos nativos, que en muchos casos tienen cultura guerrera, la defensa de la tierra y su entorno son asuntos vitales.

"Tienen una concepción mesiánica y milenarista", señaló el experto en temas amazónicos Roger Rumrrill, en declaraciones al diario La República. "Cuando se sienten afectados, humillados, cuando sienten que su mundo se está destruyendo, irán a una guerra del fin del mundo porque con la extinción de la naturaleza se extingue también su cultura", puntualiza.

Por lo pronto, la guerra iniciada por los nativos ha obligado a un país, que siempre se ha desarrollado mirando al océano Pacífico, y a su Gobierno que no tenía una estrategia amazónica, a mirar con más atención su enorme y descuidado patio trasero.

Los decretos de la discordia
Centrales sindicales y estudiantes se han solidarizado con los nativos peruanos, a quienes no les parece suficiente la decisión adoptada el pasado miércoles por el Congreso de suspender indefinidamente la vigencia de dos de los decretos más cuestionados, el 1.090, conocido como ley forestal y de fauna silvestre, y el 1.064, que establece el régimen jurídico de las tierras de uso agrícola. Ambos son parte del paquete de normas legales que aprobó el Gobierno en junio de 2008 para alentar la inversión en la Amazonia y adecuar el marco legal peruano al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las comunidades indígenas argumentan que no fueron consultadas acerca de estos decretos que les afectan directamente, y sostienen que son inconstitucionales.

Las demandas de los nativos fueron ignoradas durante meses hasta que tomaron medidas de fuerza. "Sólo su derogación definitiva nos dejará satisfechos", advirtió Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a la mayor parte de comunidades nativas. Zapata lidera ahora la protesta, después de que Alberto Pizango, acusado por el Gobierno de sedición y de las muertes de la semana pasada, se refugiara en la Embajada de Nicaragua en Lima y se le concediera asilo político.

Algunos expertos aseguran que las protestas van más allá de los decretos cuestionados. "El motivo del conflicto no es la existencia de estas medidas legislativas, sino el lenguaje político y las políticas en general, que los nativos han interpretado que ponen en peligro los derechos de propiedad y el usufructo de sus tierras", explica Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.