El presidente de EE UU impone medidas para tapar los agujeros en los servicios de espionaje y ordena la revisión de los sistemas de control en los aeropuertos
ANTONIO CAÑO Washington 05/01/2010
Tratando de disipar cualquier duda sobre su firmeza contra el terrorismo, Barack Obama discutió ayer medidas para tapar los agujeros detectados en los servicios de espionaje y ordenó revisar los sistemas de seguridad en el transporte aéreo. Al mismo tiempo ofreció garantías de que se están dando todos los pasos necesarios para proteger a la nación hasta el límite y perseguir a donde sea necesario a quienes la amenazan.
ANTONIO CAÑO Washington 05/01/2010
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"Vamos a actuar para descubrir y destruir sus redes de una vez y para siempre estén donde estén, en Yemen, en Somalia o en cualquier otro lugar", declaró el presidente de EE UU al término de una inhabitual sesión de trabajo con los responsables de 20 departamentos del Gobierno encargados de la seguridad nacional, entre ellos el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, que coordina todas las labores de espionaje, el director de la CIA, Leon Panetta, el director del FBI, Robert Mueller, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, el consejero nacional de Seguridad, James Jones, y los cargos más relevantes del Gabinete.
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Entre otras decisiones adoptadas para impermeabilizar aún más el espacio territorial de EE UU, Obama anunció que, tras descubrirse la expansión de la rama de Al Qaeda en Yemen, se suspenderá por el momento el envío a ese país de presos de Guantánamo. Aunque esto puede retrasar considerablemente el cierre de esa prisión, puesto que los 90 yemeníes detenidos allí representan casi el 40% de la población carcelaria en la base, el presidente aseguró que no desiste de su objetivo de cerrar esas instalaciones que son, a su juicio, una de las principales bazas propagandísticas de Al Qaeda.
Obama mencionó "los múltiples problemas de comunicación entre las agencias de espionaje" que permitieron al nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab abordar un avión rumbo a Detroit, pese a que su nombre estaba en una lista de sospechosos de terrorismo y a que su padre había acudido pocas semanas antes a la Embajada de EE UU en Lagos para denunciar la vinculación de su hijo con el radicalismo islámico. "El Gobierno disponía de información suficiente para haberlo impedido", dijo.
Abdulmutallab fracasó en su intento de activar el dispositivo incendiario que portaba en su cuerpo, pero el episodio desató todas las alarmas sobre la vulnerabilidad del sistema de control en los aeropuertos, la vigencia de la amenaza terrorista y la cadena de errores cometidos por los responsables de la seguridad.
Como consecuencia, lo que no fue más que un simple incidente sin víctimas se convirtió en un grave suceso político que la oposición republicana y algunos medios de comunicación aprovecharon para criticar la debilidad del presidente ante los terroristas, y para concluir que el país se encontraba hoy más expuesto y en peligro que bajo la presidencia de George Bush.
Obama, de vacaciones en Hawai hasta el lunes, probablemente no midió la repercusión de lo que parecía un episodio menor y reaccionó de forma tibia y quizá algo tardía. Es decir, no hizo un discurso televisado ni anunció acciones militares inmediatas. Tampoco suspendió las vacaciones.
De vuelta a Washington, Obama ordenó ayer, entre otras medidas, la actualización del sistema de listas de sospechosos con el que actualmente trabajan los departamentos de aduana y de seguridad en los aeropuertos. Existe un listado general de personas posiblemente vinculadas al terrorismo, que consta de 550.000 nombres, a las que se permite viajar a EE UU, aunque bajo especial observación. Hay una lista menor, de unas 15.000 personas, con las que se adoptan medidas extraordinarias y que pueden ser rechazadas o admitidas en función de las circunstancias de cada momento. Y, por último, hay un tercer grupo de unos 4.000 a los que se prohíbe embarcar con destino a Estados Unidos. Abdulmutallab estaba en la primera de esas listas, pero no en las otras dos.
Ahora se trata no solamente de ampliar el listado de personas a las que no se permitirá viajar a este país, sino de revisar los nombres de las demás, actualizar los datos y adoptar normas para que el control sea eficaz en el futuro. En suma, se establece un filtro más estricto para entrar en Estados Unidos que seguramente afectará a algunos individuos peligrosos y a muchos simples turistas.
En buena medida, actuaciones como la reunión de ayer son más una puesta en escena para tranquilizar a la opinión pública, muy sensible en asuntos como éstos, que para actuar eficazmente contra el terrorismo. La seguridad de un país es el resultado del buen trabajo de las agencias encargadas de hacerlo, pero está también condicionada por la percepción subjetiva y por la suerte.
Aunque, como se demostró en su día, los atentados del 11-S fueron producto de la acumulación de fallos de los sistemas de seguridad, George Bush pudo despedirse del cargo sin que nunca más el territorio de Estados Unidos fuera objeto de un ataque terrorista.
A Obama se le exige, por tanto, continuar esa trayectoria. La reacción al episodio de Detroit ha demostrado que la popularidad de la actual Administración se vería muy seriamente perjudicada por un nuevo atentado terrorista en suelo estadounidense.
Incluso sin que eso haya ocurrido, algunos apartados fundamentales de la agenda del Gobierno, como son el cierre de Guantánamo y el procesamiento de los supuestos terroristas por tribunales civiles, están hoy en peligro. La decisión del Departamento de Justicia de presentar el caso de Abdulmutallab ante los jueces ordinarios ha sido duramente criticada por la derecha, que reclama la utilización de tribunales militares y la catalogación del reo como "combatiente enemigo".
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