Zelaya es acusado por su presunta responsabilidad en el desvío de 1,6 millones de dólares. Se trata de la segunda causa abierta contra el ex mandatario hondureño por un caso de corrupción .El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya AP
El Ministerio Público de Honduras pidió este miércoles ante la justicia la captura del ex presidente Manuel Zelaya, dos ex ministros y otros dos ex funcionarios de su Gobierno, contra quienes abrió un nuevo proceso por fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad.
La Fiscalía contra la Corrupción presentó el requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, al que pidió que, si corresponde, ordene la captura de Zelaya y los otros cuatro señalados, informó a Efe una fuente judicial.
Explicó que, según la Fiscalía, el caso se refiere al desvío de unos 30 millones de lempiras (casi 1,6 millones de dólares) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para gastos publicitarios de la Casa Presidencial, autorizados mediante un decreto ejecutivo emitido meses después de que se hizo el gasto.
Además de Zelaya, los acusados son sus ex ministros de la Presidencia y de Finanzas, Enrique Flores Lanza y Rebeca Santos, ambos prófugos por otro caso de supuesta corrupción; el ex viceministro de Finanzas José Antonio Borjas y el ex director del FHIS César Salgado.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo a periodistas que este nuevo caso se deriva de "un informe enviado por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público en relación a 30 millones de lempiras que se pagaron por una contratación directa" para publicidad, "sin hacer los trámites de la Ley de Contratación".
"Técnicamente, (el dinero era) para publicidad supuestamente de Casa Presidencial pero en realidad lo sacaron del FHIS", añadió, y apuntó que se emitió el decreto "extemporáneamente, ya habiendo utilizado los fondos".
Otras fuentes del Ministerio Público indicaron que, según las investigaciones, el gasto se autorizó en septiembre de 2008 y en diciembre siguiente se hicieron los pagos, pero el decreto ejecutivo fue emitido en enero de 2009.
Este es el segundo proceso que el Ministerio Público abre contra Zelaya por acusaciones de corrupción relacionadas con gastos publicitarios, pues por otro caso similar el ex mandatario tiene pendiente una orden de captura.
Desde el 31 de julio pasado, sobre Zelaya, Flores Lanza, Santos y el ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Jacobo Lagos hay orden de captura por falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude por la emisión irregular de un decreto para pagar 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.
Asimismo, el ex gobernante tiene otra orden de captura por delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de poderes, relacionados con la consulta que intentó celebrar el 28 de junio, cuando fue derrocado, para promover una Asamblea Constituyente y que había sido declarada ilegal por varias instituciones del Estado.
La amnistía política vigente desde el lunes, aprobada por el Congreso Nacional el 26 de enero pasado, beneficia a quienes estén acusados de delitos políticos como traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, más varios delitos comunes conexos.
Sin embargo, la amnistía excluye los delitos de corrupción, de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.
El decreto establece que se deben cerrar los casos de personas beneficiadas por la amnistía, pero el Ministerio Público no ha anunciado su decisión sobre las acusaciones contra Zelaya por delitos políticos.
Zelaya se encuentra en la República Dominicana desde el 27 de enero, cuando el nuevo presidente hondureño, Porfirio Lobo, le otorgó un salvoconducto para que abandonara Honduras tras permanecer más de cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, a donde llegó luego de volver clandestinamente al país, tras ser derrocado el 28 de junio de 2009.
La Fiscalía contra la Corrupción presentó el requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, al que pidió que, si corresponde, ordene la captura de Zelaya y los otros cuatro señalados, informó a Efe una fuente judicial.
Explicó que, según la Fiscalía, el caso se refiere al desvío de unos 30 millones de lempiras (casi 1,6 millones de dólares) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) para gastos publicitarios de la Casa Presidencial, autorizados mediante un decreto ejecutivo emitido meses después de que se hizo el gasto.
Además de Zelaya, los acusados son sus ex ministros de la Presidencia y de Finanzas, Enrique Flores Lanza y Rebeca Santos, ambos prófugos por otro caso de supuesta corrupción; el ex viceministro de Finanzas José Antonio Borjas y el ex director del FHIS César Salgado.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo a periodistas que este nuevo caso se deriva de "un informe enviado por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público en relación a 30 millones de lempiras que se pagaron por una contratación directa" para publicidad, "sin hacer los trámites de la Ley de Contratación".
"Técnicamente, (el dinero era) para publicidad supuestamente de Casa Presidencial pero en realidad lo sacaron del FHIS", añadió, y apuntó que se emitió el decreto "extemporáneamente, ya habiendo utilizado los fondos".
Otras fuentes del Ministerio Público indicaron que, según las investigaciones, el gasto se autorizó en septiembre de 2008 y en diciembre siguiente se hicieron los pagos, pero el decreto ejecutivo fue emitido en enero de 2009.
Este es el segundo proceso que el Ministerio Público abre contra Zelaya por acusaciones de corrupción relacionadas con gastos publicitarios, pues por otro caso similar el ex mandatario tiene pendiente una orden de captura.
Desde el 31 de julio pasado, sobre Zelaya, Flores Lanza, Santos y el ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Jacobo Lagos hay orden de captura por falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude por la emisión irregular de un decreto para pagar 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.
Asimismo, el ex gobernante tiene otra orden de captura por delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de poderes, relacionados con la consulta que intentó celebrar el 28 de junio, cuando fue derrocado, para promover una Asamblea Constituyente y que había sido declarada ilegal por varias instituciones del Estado.
La amnistía política vigente desde el lunes, aprobada por el Congreso Nacional el 26 de enero pasado, beneficia a quienes estén acusados de delitos políticos como traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, más varios delitos comunes conexos.
Sin embargo, la amnistía excluye los delitos de corrupción, de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.
El decreto establece que se deben cerrar los casos de personas beneficiadas por la amnistía, pero el Ministerio Público no ha anunciado su decisión sobre las acusaciones contra Zelaya por delitos políticos.
Zelaya se encuentra en la República Dominicana desde el 27 de enero, cuando el nuevo presidente hondureño, Porfirio Lobo, le otorgó un salvoconducto para que abandonara Honduras tras permanecer más de cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, a donde llegó luego de volver clandestinamente al país, tras ser derrocado el 28 de junio de 2009.
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