El G-20 se resigna a aplicar la política fiscal coordinada entre los países
ALEJANDRO BOLAÑOS
ENVIADO ESPECIAL a Toronto 27/06/2010
La recuperación de la economía mundial es "frágil" y "desigual", el paro "se mantiene en niveles inaceptables en varios países", pero ya no habrá más estímulos fiscales coordinados para reactivar la economía. El recorte del déficit público se ha impuesto como prioridad, primero en Europa, y ahora en todos los países industrializados. Así lo consagra el borrador del comunicado final del G-20, que celebra su cuarta cumbre en Toronto (Canadá). Con todo, se trata de una postura conjunta que encierra visiones diferentes. La reducción del déficit se hará en función de las circunstancias de cada país y al ritmo que se considere oportuno.
La vertiginosa velocidad a la que ha aumentado el déficit público en las economías avanzadas, y el implacable castigo de los mercados a los países más endeudados (ya sea en el sector público o en el privado), impusieron su ley. Hasta 24 horas antes de la sesión plenaria de países ricos y emergentes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, insistió en que la cumbre debía centrarse en "potenciar el crecimiento". Y hay varias referencias a este asunto en el borrador del comunicado que las delegaciones han distribuido antes del fin de la cumbre, que está previsto en pocas horas. Pero, en suma, lo que se enfatiza es la necesidad de acelerar el ajuste de las cuentas públicas. La intervención de los Gobiernos se limita a los estímulos fiscales (planes extraordinarios de inversión pública, subsidios, recortes de impuestos) "ya existentes". Según el FMI, esos planes suponen casi un 2% del PIB anual de los países del G-20 durante el periodo 2008-2010.
Que el G-20 asuma la línea dura del ajuste presupuestario, no significa que no sepa que juega con fuego. "Hay un riesgo de que el ajuste fiscal sincronizado de varias economías pueda tener un impacto adverso en la recuperación", reza el borrador. Pero, a continuación, equipara ese riesgo con el de que "el fracaso en la consolidación de las cuentas públicas donde sea necesario, reduzca la confianza y obstaculice el crecimiento", en una alusión velada a lo que ha pasado en los mercados estas últimas semanas con los títulos de deuda pública de varios países de la zona euro.
El G-20 argumenta además que es necesario recuperar margen presupuestario para poder responder a "nuevas crisis" y a los retos que impone "el envejecimiento de la población". "No podemos dejar a las generaciones futuras un legado de déficit y deuda pública", se insiste en el comunicado. Como "respuesta equilibrada" a estos riesgos, los países industrializados se comprometen a "al menos, reducir a la mitad sus déficits públicos en 2013 y empezar a reducir el peso de la deuda pública en relación con el PIB a partir de 2016". El FMI estima que en esa fecha, la deuda pública de los países avanzados del G-20 habrá alcanzado el 117% del PIB conjunto, frente al 80% de 2007.
El texto corresponde en su literalidad a la propuesta canadiense, que recoge objetivos alcanzables para Europa y Estados Unidos. Los países de la UE ya han puesto en marcha planes para recortar el déficit hasta el 3% del PIB en 2013, partiendo de niveles de déficit que superan en todos los casos el 8%. Y el propio presidente de EE UU, Barack Obama, envió una carta a los líderes del G-20 en la que se comprometía a reducir el déficit (ahora del 11%) "a la mitad" en 2013 para llegar al 3% en 2015. Se trata, además, de compromisos no vinculantes ni sujetos a mecanismos de sanción o supervisión.
En todo caso, el objetivo fijado en el G-20 es más exigente para la Administración de Obama, que vincula buena parte del gasto que reducirá a la retirada militar de Irak y Afganistán, que para los países de la UE, que ya han anunciado drásticos planes de ajuste, con subidas de impuestos y tijeretazos al sector público.
Cada país elegirá el ritmo de ajuste presupuestario, pero, en el mejor de los casos, los estímulos fiscales ya existentes solo durarán hasta 2011, aunque ya hay varios países, como Reino Unido, Francia o España, que han empezado a desmantelarlos este mismo año. Incluso Estados Unidos afronta serios problemas para sacar adelante las medidas de estímulo previstas: el Congreso tumbó la semana pasada iniciativas para prorrogar subsidios a los parados y beneficios fiscales a las pymes, además de negarse a ampliar el dinero para contratar a más profesores. El mensaje de la austeridad cala entre congresistas y senadores, a la espera de que un comité de republicanos y demócratas acuerde en diciembre las medidas de ajuste para alcanzar el objetivo.
"Hablando con franqueza, es mucho más de lo que esperábamos, que los países industrializados se hayan comprometido así, es un éxito", dijo a la entrada de la sesión plenaria la canciller alemana, Angela Merkel, la principal valedora de que la política de consolidación fiscal sea prioritaria en esta fase de la crisis. Sus palabras contrastaron con las de varios dirigentes de los países emergentes. "Reducir el déficit a la mitad para algunos países es un ajuste draconiano, cuando uno se pasa en la medicina puede matar al paciente", recalcó el ministro de Exteriores brasileño, Guido Mantega. "La política de austeridad es un desastre, nosotros ya lo experimentamos en 2001", dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en referencia al impago de la deuda pública que se produjo aquel año.
La oposición de los emergentes -con niveles de déficit inferiores- quedó reflejada en el comunicado, ya que no se les aplicará el objetivo mínimo de déficit pactado por las economías industrializadas. Es una señal más de la fragmentación de lo que en las primeras cumbres del G-20 fue un impulso coordinado contra la crisis. Como estaba previsto, también se deja a cada país que decida cómo garantizar que la banca financie los rescates, pasados o futuros, de entidades en problemas. "Algunos países están desarrollando impuestos al sector financiero; otros explotaron diferentes aproximaciones".
El resquebrajamiento del consenso internacional deja grietas por todo el comunicado. Se recalca que se aprobarán nuevos requerimientos de capital para las entidades financieras a finales de año, pero se admite que su aplicación será gradual "y adaptada a cada país". Se incluye una mención a la necesidad de que los países emergentes refuercen sus redes de seguridad social y flexibilicen sus tipos de cambio, pero China se opuso a que se incluyera una referencia elogiosa de su decisión de apreciar el yuan, no fuera a ser que se tome como precedente. Y el pomposo marco para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado solo arroja por ahora conclusiones genéricas, como que los países con déficit comercial tienen que reforzar su capacidad de ahorro, mientras que los que acumulan saldos positivos deben incentivar la demanda.
Como también estaba previsto, el G-20 deja para la cumbre de noviembre, en Corea del Sur, los compromisos pendientes en la reforma financiera o los cambios en el Fondo Monetario Internacional.
También se constata el fracaso de las promesas para cerrar a corto plazo la liberalización del comercio mundial. Tras los fallidos intentos por resucitar la Ronda de Doha, un acuerdo que se negocia desde hace nueve años, los líderes de países ricos y emergentes evitan volver a poner un plazo y se limitan a pedir una "conclusión ambiciosa tan pronto como sea posible".
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