El Gobierno aprueba este martes la ley de sucesión tras la abdicación de don Juan Carlos
La norma no abordará la protección del Rey, que perderá su inimputabilidad
El Congreso tiene previsto que la proclamación de Felipe VI tenga lugar en el Hemiciclo a partir del 16 de junio, en una sesión solemne de las Cortes. En casi 40 años de monarquía parlamentaria, España no ha aprobado ninguna ley que regule el procedimiento para la sucesión en la Corona. Por eso, el Gobierno ha de preparar ahora una norma, de la que ya existía algún borrador, que se tramitará por la vía de urgencia y que determinará cada uno de los pasos a seguir para que el príncipe Felipe acceda a la jefatura del Estado.
El primer paso lo dará este martes el Ejecutivo con la aprobación del proyecto de ley orgánica mediante la que se aceptará la abdicación y se regulará el procedimiento para la sucesión en la Corona. Por la tarde, la Mesa del Congreso calificará la ley orgánica. Esa reunión iba a ser, como cada semana, por la mañana, pero el presidente Jesús Posada la ha retrasado unas horas para dar tiempo a que entre el proyecto de ley que le envíe el Gobierno.
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El Pleno para debatir y votar la ley podría haberse convocado el mismo jueves, pero el Gobierno y el Congreso han preferido posponerlo hasta el martes de la próxima semana, pero con un trámite urgente, a través de la lectura única. La norma necesita del apoyo de la mayoría absoluta para que salga adelante. Una vez aprobada irá al Senado esa misma semana para su aprobación definitiva. Con ese calendario, la semana del 16 al 20 de junio puede ser la proclamación, según los plazos previstos por la Mesa. PP, PSOE y UPyD, en principio, votarán a favor. Fuentes de CiU aseguran que, a la espera de recibir el proyecto de ley, “lo más probable es que vote que sí”. El PNV fijará posición este martes mientras que el resto de grupos, salvo una parte del Grupo Mixto, quiere un referéndum sobre el modelo de Estado. Especialmente, el grupo de Izquierda Plural.
La Constitución obliga a que los cambios en la Corona se realicen a través de una ley orgánica: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”, señala el artículo 57.5.
Según el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, la ley será muy breve, probablemente con un único artículo, que incluirá el escrito de abdicación, que debe estar refrendado por el presidente del Gobierno y regulará el proceso por el que don Juan Carlos deja el trono a su hijo, el príncipe Felipe.
Una vez aprobada, el trámite solo fija que ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, que marcará, además, el momento en el que debe entrar en vigor. Este ha de coincidir con la proclamación de Felipe como rey, ya que no puede haber un período de transición. Y mientras, “el rey sigue siendo rey a todos los efectos”, asegura un experto en monarquías.
El relevo en la Corona culminará con el juramento del Príncipe ante el Congreso y el Senado y su proclamación como Felipe VI. La imprevisión obligará a que se eche mano del sentido institucional, ya que este juramento ha de celebrarse en una sesión conjunta de Congreso y Senado, pero el legislador tampoco ha redactado en 40 años el reglamento que regule este tipo de sesiones, preceptivas en el caso de sucesión en la Corona.
La abdicación dejará al Rey en una situación jurídica que tampoco está reglada. La misma ley orgánica podría incluir una referencia a esta protección ante los tribunales, ya que don Juan Carlos dejará de ser inimputable, una condición que se limita al jefe del Estado. Tampoco incluirá, previsiblemente, alusiones a la aún Reina, doña Sofía, que, con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, iba a pasar a contar con el privilegio del aforamiento. Este estará ahora destinado a doña Letizia.
La falta de reglamentación no solo deja dudas sobre la protección jurídica, sino que tampoco existe previsión sobre los derechos con los que contará don Juan Carlos cuando deje de ser Monarca y el estatus que tendrá dentro de la familia real.
No obstante, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo de Madrid José Peña González, considera que debería aprovecharse la ley para incluir alguno de estos aspectos, pese a que opina que “cualquier decisión jurídica no debería ser improvisada”.
Para el catedrático de Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid Juan José Solozábal lo interesante será a partir de ahora regular cómo queda la figura del ya “exRey”.
Además, la sorprendente decisión del Rey sacará a la palestra de nuevo la reforma de la Constitución, sobre todo en lo que respecta a los derechos sucesorios que actualmente discriminan a las mujeres. Sin embargo, los expertos consideran que este no es el momento para abordar una reforma que, después de tanto tiempo sin emprender, merece hacerse con calma.
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